Estado de alarma: AENA vs. Controladores Aéreos. Se destapa el mayor escándalo imaginable.

Durante el mes de Diciembre del año 2010, se producía un hecho inédito en la historia democrática de nuestro país: por primera vez, se declaraba el «Estado de Alarma».

Mientras esto ocurría, un Presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, y un Ministro de Fomento, José Blanco, mentían impunemente en Sede Parlamentaria, creando lo que bien podría considerarse como el comienzo de las actuales «Fake News».

En este caso, una mentira repetida mil veces no llegó a convertirse en realidad, pero sí fue creída por una gran mayoría de españoles, que acabaron volcando toda su rabia contra el gremio de los controladores aéreos.

Ahora, después de 10 años y 22 juicios celebrados en múltiples tribunales de nuestro país, 20 sentencias han dado la razón a los controladores juzgados, exculpándoles de toda responsabilidad en los hechos, en uno se ha llegado a un acuerdo extrajudicial, y en otro se han reaperturado las diligencias.

La verdad sobre lo ocurrido, principalmente durante los meses de Noviembre y Diciembre de 2010, justo antes de que se declarara el estado de alarma, se cerrase el espacio aéreo y se militarizase posteriormente, ha sido debidamente escondida por la gran mayoría de medios de comunicación, dadas las gravísimas responsabilidades que podría acarrear a los principales protagonistas implicados.

La verdad

En Noviembre del año 2010 ocurrió algo que fue considerado como la gota que colma el vaso.

El gobierno que capitaneaba por aquel entonces el Presidente Zapatero, se había propuesto la privatización de AENA, de manera total o parcial, aprovechando los segmentos que podrían generar mayores beneficios.

Pero había un gran obstáculo para llevar a buen puerto esta operación, que eran precisamente los controladores aéreos, un gremio muy especializado que desempeña una labor especialmente complicada y de gran responsabilidad, y que por ello cobra un salario acorde a la misma.

Recordemos que vivimos en un país donde se ve con total normalidad que alguien perciba miles de euros a la hora por dar patadas a un balón, por decir y hacer chorradas en televisión, o por desempeñar un cargo público de extrema importancia sin ni siquiera tener una titulación universitaria (caso del señor José Blanco), pero no está bien visto que un profesional, de cuyo trabajo dependen las vidas de miles de personas, se considere bien remunerado.

El quid de esta cuestión es que antes de que acabase el año 2010, muchos controladores avisaron de que ya habían cumplido las horas que tenían estipuladas en su convenio laboral.

Ante semejante aprieto, un error de previsión garrafal por parte de AENA, tal y como se confirmó en 20 de los 22 juicios celebrados, esta procedió a solicitar una ampliación de dicho horario, con el fin de salvar los vuelos que se esperaban para el puente de la Constitución y posteriores.

Esta petición fue rechazada terminantemente, tanto por AESA (Agencia Española de Seguridad Aérea), como por la propia Abogacía del Estado. Esta última, se explayó especialmente en contra de AESA, subrayando la «imprevisión» (literal) que había tenido en el caso.

Así que si no hay controladores, y además estos están especialmente preocupados ante su futuro, al barajarse la posibilidad de crear un nuevo tipo de «controlador lowcost», más fácil de entrenar, menos preparado, y mucho menos costoso, sólo quedaba una solución, que era militarizar el espacio aéreo.

Ahora, cómo se explica esto a los españoles sin que se monte un de los mayores escándalos recientes de nuestro democracia (uno más…). Pues la solución fue crear una película totalmente tergiversada de los hechos para culpar a los propios controladores, y que el Gobierno quedase como el gran salvador de la nación.

El golpe

Los primeros problemas comenzaron en Santiago de Compostela y en las Islas Canarias.

Las ocurrencias por parte del Legislativo pasaban por insinuar que los controladores no estaban contabilizando de manera adecuada las horas trabajadas, y esto era la razón por la cual les salían más de la cuenta.

El Gobierno quería que sólo se contasen las horas que se pasaban en frecuencia, lo que equivaldría a que a un cirujano sólo se le contabilizasen las horas que pasa operando en quirófano. Si tiene que estar de guardia toda una noche, pero no está operando, a efectos administrativos no estaría trabajando.

Por otro lado, se decidieron medidas tan sumamente peligrosas como ordenar que un mismo controlador se encargase tanto de las comunicaciones de la torre, como de las de aproximación al aeropuerto, algo que está especialmente desaconsejado por todos los organismos de seguridad aérea a nivel mundial, por su especial peligrosidad.

El órdago estaba echado: en vez de intentar un diálogo con el fin de llegar a una solución válida para todas las partes, el Gobierno decidió acabar de una vez por todas con el problema, salvando el nombre de AENA y el suyo propio.

Para ello, comenzaron repartiendo entre los controladores fotocopias del artículo 34 de la Ley de Seguridad Aérea, de fecha 8 de Julio de 2003.

En este apartado se habla sobre la responsabilidad que recae sobre los profesionales del control aéreo, y la repercusión que puede tener sobre su trabajo el estar sometidos a cualquier tipo de presión, que pudiese derivar en una «disminución de la capacidad física y psíquica requerida», siendo obligatorio en estos casos someterse a un reconocimiento médico urgente, que podría derivar en el apartamiento de su puesto de trabajo.

Este hecho, insólito hasta ese momento, dejó en fuera de juego a muchos controladores, los cuales seguían trabajando con total normalidad, sin saber muy bien qué estaba pasando.

Posteriormente, y tal y como ocurrió en el aeropuerto de Madrid Barajas, se ordenó el descenso paulatino del «rate», que es el número de operaciones que se realizan a la hora desde la torre de control, hasta llegar al temido «rate 0», que se corresponde con el cierre total de un aeropuerto.

Cuando se ordenó esta medida en Madrid, había en ese mismo momento 55 controladores en activo prestando sus servicios con total normalidad.

El día 4 de Diciembre de 2010, el Gobierno de Rodríguez Zapatero declara el «Estado de Alarma», por primera vez en la historia democrática de nuestro país.

La gran trama de la mentira que se contó a todos los españoles, por boca tanto del Presidente del Gobierno, como del responsable de Fomento, comenzó con una primera versión que apuntaba a que los controladores no se habían presentado en su puesto de trabajo.

Una vez transcurrida la mañana, y visto que dicha versión comenzaba a tambalearse en muchas ciudades, se pasó a otra que apuntaba a que sí se habían presentado, pero declarándose todos ellos «enfermos».

Esta segunda versión tampoco tenía suficiente consistencia, así que se lanzó la definitiva, que fue la que realmente impactó en la opinión pública, afirmando que los controladores sí se habían presentado en sus puestos de trabajo, pero se negaban a trabajar.

Con el Estado de Alarma declarado, unos 600 controladores aéreos de todo el país fueron acusados de SEDICION y abandono del puesto de trabajo.

Los zascas de los jueces

Pero como decimos siempre: la mentira tiene unas patas muy cortas.

En 20 de los 22 juicios celebrados no sólo se exculpó de toda responsabilidad a los controladores, sino que durante su celebración salieron a la luz datos especialmente espeluznantes y preocupantes, como que se había ordenado al CNI espiar los movimientos y actividades personales de los controladores aéreos.

Por otro lado, también se especifica claramente en las sentencias que AENA había mentido, y que los controladores ni tenían el poder para cerrar un espacio aéreo, ni aunque lo tuviesen podrían haberlo hecho. Por supuesto, en ningún caso se pusieron de acuerdo para conseguir este fin.

También quedó probado que existían controladores suficientes en todas las torres para poder seguir operando con normalidad, y que el cierre del espacio aéreo fue una decisión política que no tenía nada que ver con la falta de controladores.

Otras barbaridades que han salido a la luz, son las tácticas utilizadas por AENA para llenar los cuadrantes laborales de los controladores, utilizando los nombres de algunos que estaban de baja por enfermedad, otros con permisos o licencias, o incluso en el caso de Santiago de Compostela «se llegó a incluir supuestamente a un fallecido» (literal extraído del texto de la sentencia).

En el caso del aeropuerto de El Prat, en Barcelona, ENAIRE se vio obligada a levantar las sanciones impuestas a 61 controladores, después de emitirse el Fallo que los exoneraba de haber abandonado su puesto de trabajo.

La decisión de militarizar a los controladores ya se había tomado previamente al cierre del espacio aéreo, según confirmó Pedro Garea, ex directivo de AENA, que tras llamar por teléfono a sus superiores para comentar la situación, recibió la siguiente contestación: «Nada, tú tranquilo, que ya mañana somos militares».

Mientras Carmen Libreo, ex Jefa de Navegación Aérea, declaraba en el Congreso que los controladores aéreos habían abandonado masivamente sus puestos de trabajo, el propio Pedro Garea, ex subordinado suyo, declaraba exactamente todo lo contrario.

En definitiva: una gran mentira elaborada a nivel estatal y contada a todos los españoles desde el propio Congreso, sin que después de 20 juicios que tendrían que forzar muchas explicaciones, ninguno de los máximos protagonistas haya tenido que dar la cara, y sin que se hayan presentado las correspondientes acusaciones por perjurio.

Y es que cuando uno ya ni puede fiarse de las explicaciones que da un Gobierno para tomar por primera vez la medida de declarar el estado de alarma, ¿de qué nos podemos fiar?.