El gobierno de Baleares ha aprobado nuevas leyes para intentar reducir el turismo de borrachera en la playa de Palma, Magaluf y San Antoni, en Ibiza.
Este nuevo decreto ley tiene como fin la eliminación de la publicidad referida al alcohol y a las barras libres, por lo que no se podrán promocionar ni ofertar las míticas «excursiones de borrachera» (pub crawling), las happy hours (promociones de venta de bebidas alcohólicas a una hora determinada), las ofertas tipo «2×1», los autodispensadores con bebidas alcohólicas, o su venta en tiendas entre las 21:30 y 08:00 horas.
Además, aquellos que practiquen, o permitan la práctica del conocido «balconing» (saltar desde el balcón de la habitación a la piscina del hotel), podrán ser sancionados con multas que van desde los 6.001 euros, hasta los 60.000.
Por otro lado, también se van a congelar los permisos para la organización de «party boats» (recorridos en barco donde se celebran fiestas con grandes cantidades de alcohol), y aquellas empresas que sí cuentan con la correspondiente autorización, no podrán embarcar ni desembarcar pasajeros en ninguna de las zonas antes mencionadas.
Independientemente de que dudamos de la efectividad de estas nuevas medidas, básicamente porque están cimentadas sobre la base de una prohibición, y no de la elaboración de un plan turístico realista, consistente y sostenible, que permita la llegada de otro tipo de turismo a las islas, hay varias consideraciones que consideramos especialmente importantes.
En primer lugar, esta batería de medidas no son tal novedad, puesto que desde hace ya unos años las Islas Baleares han ido aprobando sistemáticamente nuevos decretos con una finalidad muy similar.
El año pasado conocíamos que a partir del mes de Abril, la policía podría sancionar con multas de hasta 3.000 euros la conducta «anti social», así como la prohibición de las «happy hours», los 2×1, o la publicidad alcohólica en la calle.
Sorprendentemente, estas medidas se aprobaron para establecer sólo en Playa de Palma y otras cuatro ubicaciones, pero no en Magaluf, que podría considerarse como el epicentro de esta problemática.
¿Cuál ha sido el resultado, cuántos turistas han sido multados con 3.000 euros por conducta «anti social», se ha solucionado el problema?.
Es evidente que nada ha servido para resolver la grave situación.
No podemos hablar del caso alemán, con el que no tenemos una relación tan estrecha, pero sí del inglés, que directamente se ha mofado públicamente de esta nueva tentativa para acabar con el turismo de borrachera.
Contactadas varias agencias de viajes en el Reino Unido, para preguntar sobre el posible impacto de estas medidas en el mercado de pasajeros británico que acude a las islas, la respuesta que hemos tenido en la mayoría de ocasiones ha sido una gran carcajada.
Los operadores que se encargan de la venta de los paquetes más típicos que suelen ser adquiridos en territorio inglés, sobre todo por el turismo de menor edad, muestran su total respeto por las decisiones del gobierno insular, pero añaden que a ellos nadie les impide promocionar lo que consideren más oportuno en su propio país.
Recordemos que muchos de los turistas ingleses que llegan a Baleares, lo hacen a través de un «paquete» cerrado, que normalmente ya incluye el desplazamiento en avión, el hotel, y en muchos casos los traslados y un buen número de actividades.
El mercado británico, a día de hoy, sigue confiando plenamente en la labor de las agencias de viajes, los touroperadores y mayoristas, dado que les ofrecen una mayor seguridad y garantía en el caso de tener cualquier tipo de problema.
Por esta razón, ellos seguirán ofertando excursiones de borrachera, fiestas de todo tipo, y cualquier promoción que incluya como aliciente a las bebidas alcohólicas. Es decir, lo que se hace por un lado, se está deshaciendo por el otro.
Pero no sólo esto; basta con echar un vistazo a los comentarios vertidos en todas las publicaciones británicas que se han hecho eco de la noticia, para darse cuenta de la imagen que se tiene de las islas.
Mientras algunos afirman que «entonces qué quieren que hagamos en Mallorca», o «a Ibiza se va a beber y a pasarlo bien», otros lo resuelven mucho más rápidamente, sugiriendo que se traslade toda la industria del turismo alcohólico a otros puntos.
Y de hecho, mucho nos tememos que en el improbable caso de que se lleguen a cumplir en algún momento estas «nuevas» medidas, lo que se va a hacer es desvestir a un santo para vestir a otro, o lo que es lo mismo, pasar el problema de las zonas más sensibles de las islas, a otras menos explotadas.
Sin embargo, lo que nos ha dejado bastante más preocupados, es la afirmación realizada por uno de los agentes de viajes británicos con los que pudimos hablar, afirmando que el Gobierno Balear se lo pensaría dos veces antes de sancionar a cualquier joven inglés con multas de 6.000 euros.
Según su propio razonamiento, las islas se han dedicado durante muchos años a promocionar la fiesta y el alcohol para el reclamo de turistas, y ahora mismo se ha formado una enorme industria alrededor de todo esto, que mueve ingentes cantidades de dinero, por lo que de salir a la luz una noticia publicando sanciones de este tipo, los más perjudicados podrían ser los propios empresarios baleares.
Curiosamente, esto casa perfectamente con las declaraciones realizadas por José Tirado, presidente de ACOTUR, bien conocido en el sector turístico balear por los hechos que rodean a la operación Sancus, el cual afirmó que este tipo de sanciones eran «exageradas y desproporcionadas».
Y es que ahora mismo, ya hay muchos empresarios que han hecho del turismo de borrachera su modus vivendi, y no pueden cambiar de un día para otro su modelo empresarial.
Por estas razones, y aún aplaudiendo la iniciativa balear, creemos que no es suficiente para terminar de una manera efectiva con el problema, salvo que esta venga acompañada (de una vez por todas) de un plan turístico capaz de sustituir el modelo que se ha implantado en las islas hace muchos años.
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