Si alguna lección hemos aprendido durante esta pandemia, es que aún reconociendo que todos los trabajadores desempeñan una labor fundamental para el normal funcionamiento de un país, hay puestos que son prescindibles, y otros verdaderamente primordiales.
Curiosamente, estos últimos no son precisamente los mejor pagados, ni tampoco los más reconocidos o valorados.
Durante los peores meses de la crisis sanitaria, hemos podido subsistir gracias a los panaderos que abrieron sus negocios todos los días, a los repartidores, a los reponedores de los supermercados, y por supuesto a todo el sector sanitario, al que algunos pasaron de aplaudir a abuchear, prácticamente de la noche a la mañana.
Cuando por fin nos percatamos de que carecíamos del material sanitario necesario para hacer frente al problema que ya teníamos encima, se mandaron centenares de aviones a conseguirlo, decisión que a la postre ha salvado miles de vidas.
Esto implicó el trabajo urgente y coordinado de pilotos, tripulaciones, servicios de tierra y, por supuesto, de los controladores aéreos.
En un país medianamente normal, todos estos profesionales deberían haber sido ya debidamente reconocidos, tras haber dado la cara en un momento en el que otros permanecíamos protegidos en nuestros domicilios.
Lejos de eso y ahora que empezamos a ver la luz al final del túnel, parece que se ha abierto la veda para hacerles la vida, si cabe, un poco más difícil.
No es nuestro cometido hablar de la situación actual de los autónomos, ni del pequeño comercio, por poner dos ejemplos, pero sí de lo que está pasando en el sector aéreo, y más específicamente con los controladores.
Los intentos de acoso y derribo de este colectivo son ya algo habitual.
Después de uno de los mayores escándalos de la historia reciente de España, acontecido en Diciembre de 2010 y que obligó a declarar el primer Estado de Alarma de nuestra democracia, siguen surgiendo movimientos para acorralar a los controladores aéreos y lograr la privatización total de este servicio, reconocido como uno de los mejores de Europa.
El relato paralelo que se construyó en aquel momento desde el Ejecutivo para responsabilizar ante la opinión pública a los controladores, desmentido posteriormente por hasta 20 sentencias judiciales firmes, ha sido convenientemente tapado para no perjudicar a quienes ocupaban cargos políticos de responsabilidad.
En este post te lo explicamos detalladamente: Estado de alarma: AENA vs. Controladores. Se destapa el mayor escándalo imaginable.
Han pasado 11 años desde aquello, pero durante este tiempo las cosas no han cambiado demasiado.
En una situación insólita y difícil de encontrar fuera de nuestras fronteras, actualmente en España cohabitan dos tipos diferentes de controladores aéreos.
Por un lado están los que dependen directamente de ENAIRE, entidad pública gestora de la navegación aérea en España, y por otro 12 torres en las que prestan sus servicios empleados de FERRANATS, empresa privada fruto de la alianza entre Ferrovial y la inglesa NATS, y de SAERCO, que en un principio se había adjudicado las torres canarias.
Estos últimos cobran un sueldo sustancialmente inferior al de sus colegas, están obligados a realizar tareas administrativas paralelas a su función de control, y son amenazados con el despido si se les ocurre afiliarse a un sindicato, tal y como se destapó en 2016.
En el imaginario colectivo todavía se mantiene la idea del controlador aéreo como la de un trabajador privilegiado, algo que se aleja bastante de la realidad.
Lo cierto es que se trata de una profesión en la que cada año hay que superar las correspondientes pruebas psicofísicas, y de no hacerlo la trayectoria laboral puede acabar en ese punto, sin excepciones.
Pero ENAIRE ha querido rizar el rizo una vez más, y tras encargar un informe jurídico ad hoc a la Abogacía General del Estado, ha determinado la obligatoriedad de jubilar forzosamente a todos los controladores aéreos que hayan alcanzado la edad de 65 años, hayan cotizado o no durante el tiempo estipulado para poder acceder a una pensión.
Esta decisión ha derivado en el despido fulminante de nueve controladores el pasado 11 de Agosto, muchos de los cuales llevaban prestando sus servicios sin un solo incidente durante más de 30 años.
Estos 9 trabajadores se han quedado en un limbo administrativo, ya que al no haber cotizado durante al menos 37 años y 3 meses no pueden solicitar una pensión, pero tampoco pueden percibir una prestación por desempleo, como cualquier otro asalariado al que se le extingue de manera unilateral su contrato.
Después de toda una vida laboral dedicada al control del tráfico aéreo, a salvaguardar la integridad física de sus usuarios, y de haberse labrado una hoja de servicios sin ningún tipo de tacha, lo que reciben como «premio» es una patada donde la espalda pierde su nombre, que los deja literalmente en la calle.
Hablamos de los profesionales más experimentados, los que han visto de todo, los que están de vuelta de todo, y los que lógicamente tendrían que estar en estos momentos formando a las futuras generaciones de controladores.
Sin embargo, en una analogía con la novela distópica «La Fuga de Logan«, en la que en una futura sociedad imaginaria la vida de los ciudadanos se restringía a los 30 años, ENAIRE ha decidido jugar a ser el Gran Hacedor y establecer ese límite en los 65, aunque ello implique dejar con una mano delante y otra detrás a sus propios empleados.
Es obvio que tenemos un gran problema como sociedad cuando seguimos aplaudiendo en los estadios de fútbol a multimillonarios condenados en firme por defraudar a Hacienda, al mismo tiempo que miramos para otro lado en el momento en el que trabajadores honestos son expulsados de sus carreras sin poder acceder a una prestación económica.
Sumamos y seguimos, otro ataque más a un colectivo al que parece que hay que tener contra las cuerdas a diario, con la única intención de que en algún momento intente defenderse y responda a las afrentas, ganándose con ello la antipatía del gran público.
Después de todo lo que ha pasado, y de lo que todavía está por venir, parece que este no es el mejor momento para buscar la confrontación con unos profesionales a los que luego se acusa públicamente de «problemáticos».
La pelota queda en el tejado de ENAIRE, que debería de rectificar urgentemente la gran metedura de pata que ha tenido.
Esta vez nadie va a poder dar la vuelta a la tortilla, poner a los buenos por malos y viceversa, y responsabilizar a los controladores de colocar su ojo en el puño de la Administración.
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