Air Nostrum decidía en el año 2017 acometer una renovación de su flota de aviones, con la compra de 10 unidades de Bombardier CRJ1000, un aparato moderno, fiable, y especialmente eficiente en términos de consumo de combustible.
En el 2018, la Comunidad Valenciana aprobaba la concesión de un subsidio por importe máximo de 3 millones de euros, a los que se sumarían otros 6 millones en el período transcurrido entre el 2019 y el 2020.
Esta ayudada estaría incluida como parte del plan para impulsar el desarrollo económico de la región, y más concretamente dentro de la promoción de medidas que tengan un impacto positivo en el medio ambiente.
Esto significa que desde los organismos autonómicos, en este caso la Comunidad Valenciana, se incentivan económicamente determinado tipo de decisiones empresariales, encaminadas a una mejora del medio ambiente.
Sin embargo, este tipo de ayudas, promociones y subvenciones, requieren de una serie de condiciones, con el fin de que no se conviertan en un elemento distorsionador de la competencia, o lo que es lo mismo, ayudar a una empresa en concreto en detrimento de otras del mismo sector.
El gobierno estatal ha declarado que no notificó la decisión de la Comunidad Valenciana a la Comisión Europea, porque este caso concreto estaría enclavado en el Reglamento General de Exención por Categorías, al tratarse de un asunto cuyo fondo es mejorar el impacto en el entorno mediambiental.
Sin embargo, la Comisión Europa ha notificado ciertas dudas al respecto, comenzando una investigación cuyo resultado final confirmará si efectivamente los 9 millones que la Comunidad Valenciana ha otorgado a Air Nostrum, se podrían considerar dentro de ese epígrafe al que se ha aludido desde el Gobierno.
En primer lugar, la Comisión Europea ha apuntado a un dato bastante relevante, y es que Air Nostrum ya había anunciado la intención de compra de los nuevos aviones, antes de que se aprobase o notificase ningún tipo de ayuda.
Lo que se está cuestionando en este punto es que Air Nostrum habría formalizado la adquisición de los 10 Bombardier, con o sin ayuda de la Comunidad Valenciana.
La razón de ello nos lleva al segundo punto en estudio, y es que estos modelos de avión no sólo pueden representar una mejora medioambiental, por el menor impacto que provocan en la atmósfera, sino que al tratarse de aparatos nuevos, más modernos, y mucho más eficientes, son más interesantes para la aerolínea porque redundan en un mayor beneficio económico para esta.
La tercera cuestión que se está estudiando es la forma de adquisición de las aeronaves, ya que en un principio se requeriría la compra de las mismas, no siendo válido un modelo por el cual Air Nostrum haría uso de ellas, encargándose de su explotación y mantenimiento, reservándose simplemente un derecho de compra en el futuro.
Siguiendo un criterio bastante acertado, según nuestro punto de vista, la Comisión Europea pone sobre la mesa sus dudas en relación con una ayuda que debería estar destinada a la compra de un bien que supuestamente se formaliza para mejorar el medio ambiente, pero si este bien simplemente se explota durante un tiempo, no formalizándose finalmente esa opción de compra, y acaba volviendo a las manos de su propietario legal, en teoría esa subvención no sería la más adecuada para el caso.
Otra cuestión es saber qué pasaría si, como ocurrió en el año 2017, Air Nostrum después de cobrar este dinero, decidiese alquilar estos aviones a otras compañías aéreas, con lo cual este supuesto beneficio lo estarían disfrutando fuera de nuestras fronteras.
La cuarta cuestión que preocupa a la Comisión Europea, es precisamente el hecho de ayudar económicamente a una empresa privada, con fondos públicos, lo que supondría una interferencia en el mercado de la libre competencia.
Básicamente, y para hablar claro, la Comisión Europea quiere saber si los 9 millones de dinero público que la Comunidad Valenciana ha destinado a Air Nostrum, son una ayuda empresarial aprobada por razones de otra índole, y enmascarada en un epígrafe relacionado con la protección del medio ambiente, lo cual de cara al público actualmente queda muy bien.
Hoy en día, cualquier negocio que se precie y quiera captar nuevos clientes, sobre todo los más jóvenes, tan solo tiene que presumir de cierto nivel de ecologismo, sin mayor necesidad de aportar ningún tipo de prueba que permita confirmar esas «loables intenciones».
De hecho, no hace mucho subíamos otro post en el que comentábamos otra investigación que se estaba haciendo sobre Ryanair, dado que la lowcost irlandesa ha comenzado una fortísima campaña publicitaria vendiéndose como la compañía aérea más verde y ecológica de Europa, cuando en realidad es precisamente al contrario, ya que se trata de la que más contamina en todo el viejo continente.
Ryanair investigada por publicidad engañosa.
Así que nos parece muy bien que la Comisión Europea coja el toro por los cuernos y se preocupe por este tipo de asuntos. Nueve millones de euros sacados del bolsillo de todos los contribuyentes, no es precisamente moco de pavo, y si han sido otorgados de una presunta manera irregular, deberían volver a su origen y ser destinados a otro tipo de proyectos, que seguro que sobran beneficiarios que también los merecen.
A nosotros nos parece suficientemente claro lo ocurrido. Cada uno podrá pensar lo que quiera, pero cuando el líquido es blanco y está en una botella, suele tratarse de leche.
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